FIDES.- Los representantes de las ciudades que serán sede de los partidos de la Copa del Mundo de Fútbol 2014 se han reunido los días 16 y 17 de octubre en la sede de las Obras Misionales Pontificias en Brasilia, para reflexionar sobre la presencia de la Iglesia en este evento internacional.
La reunión ha sido presidida por el Arzobispo de Maringá y Presidente de la Pastoral del Turismo, Anuar Battisti, y ha contado con la participación de los miembros de la Comisión para la pastoral de la gente de la calle y para la pastoral de las mujeres marginadas.
Según la nota enviada a la Agencia Fides por la Conferencia Episcopal de Brasil, durante la reunión se han tenido en cuenta los retos de la sociedad relacionados con la Copa del Mundo, como:
– los desalojos,
– la explotación sexual,
– la limpieza de las ciudades
– y los aspectos religiosos.
Por ello, se ha creado un grupo de trabajo nacional para coordinar los comités diocesanos, que ha decidido elaborar un calendario común de actividades, preparar un texto sobre los retos y perspectivas que involucran a la Iglesia para este evento y preparar a los agentes de pastoral para acoger a los turistas.
Cómo el Mundial afecta a las personas
En estos días, en Brasilia, la prensa ha informado de las palabras del Obispo Bautista: “un evento de esta magnitud afecta a la vida de los países que lo albergan”.
Basta pensar en las personas que participan en la construcción de infraestructuras o perjudicadas debido a los desalojos forzosos en zonas cercanas a las obras de construcción de los nuevos estadios.
No a los desahucios
“La Iglesia no puede permanecer en silencio frente a los desahucios, debemos estar cerca de los desalojados”, ha declarado el Obispo, recordando los fenómenos inducidos del evento, que no pueden dejar indiferente a la Iglesia: “aumenta el riesgo de la prostitución, que afecta a los jóvenes, pero también a los niños y a niñas adolescentes, algo que ya es una realidad en nuestro país”.
Según los datos publicados por Amnistía Internacional, 19.200 familias han sido desalojadas por la fuerza en Río de Janeiro desde 2009, cuando el gobierno comenzó a abrir camino para las infraestructuras, carreteras, estacionamientos y otras obras que se consideren necesarias para la Copa del Mundo y los próximos Juegos Olímpicos.
