Jueves, 30 dic (RV).- Benedicto XVI firmó hoy la Carta Apostólica con forma de “Motu Proprio”, con la que establece la Ley para prevenir y combatir las actividades ilegales en ámbito financiero, como el blanqueo de capital proveniente de actividades criminales y de financiación del terrorismo, auténticos peligros para la justicia y la paz en el mundo.
Con el mismo “Motu Proprio”, el Pontífice constituye la Autoridad de Información Financiera; aprueba su Estatuto y establece que ejerza sus tareas correspondientes en los dicasterios de la Curia Romana y en todos los Organismo y Entes dependientes de la Santa Sede; y delega, sólo para las hipotéticas violaciones, a los Órganos judiciales del Estado de la Ciudad del Vaticano a ejercer la jurisdicción penal que corresponda.
“Transparencia, honestidad y responsabilidad”. Con estas palabras de Benedicto XVI glosadas de su Encíclica Caritas in Veritate, el P. Federico Lombardi, Director de nuestra emisora y de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, titula la Nota con la que presenta este histórico documento pontificio, destacando que es “inusual para él pero de gran valor y gran significado moral y espiritual”. Y que “¡Es una buena forma de acabar este año, con un paso concreto en la dirección de la transparencia y de la credibilidad!”.
La publicación actual de nuevas leyes para el Estado de la Ciudad del Vaticano y para los dicasterios de la Curia Romana así como para los organismos y entidades dependientes de la Santa Sede es un evento de gran importancia normativa pero también reviste un significado moral y pastoral de largo alcance.
Todos los entes en conexión con el gobierno de la Iglesia Católica y con ese «apoyo», que constituye el Estado de la Ciudad del Vaticano, se insertan a partir de hoy, con espíritu de sincera colaboración, en el sistema de principios e instrumentos jurídicos que la comunidad internacional está construyendo con la finalidad de garantizar una convivencia justa y honesta en un contexto
mundial cada vez más globalizado; contexto en el que, desgraciadamente, las realidades económicas y financieras son, no pocas veces, terreno de actividades ilegales como el blanqueo de capital procedente de actividades criminales y de financiación del terrorismo, auténticos peligros para la justicia y la paz en el mundo.
El Papa afirma sin rodeos que “la Santa Sede aprueba el compromiso,” de la comunidad internacional y “quiere hacer suyas las reglas» de las que ésta se ha dotado «para prevenir y combatir» estos terribles fenómenos.
Desde siempre las actividades ilegales han demostrado poseer una capacidad extraordinaria para infiltrarse y contaminar el mundo económico y financiero, pero su desarrollo a escala internacional y el uso de las nuevas tecnologías las han hecho cada vez más omnipresentes y capaces de camuflarse, por lo que, para combatirlas ha adquirido la máxima urgencia constituir redes de control y de información mutua entre las autoridades responsables de la lucha contra ellas.
Sería ingenuo pensar que la inteligencia perversa que impulsa las actividades ilegales no intente aprovechar sobre todo los puntos débiles y frágiles, que a veces existen en el sistema internacional de defensa y control de la legalidad, para introducirse en él y violarlo. Por lo tanto, la solidaridad internacional es fundamental para el mantenimiento de ese sistema, y es comprensible y justo que las autoridades nacionales de vigilancia y los organismos internacionales (Consejo de Europa y, en particular, el GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional contra el reciclaje de capitales) vean con ojos favorables a los Estados y los entes que ofrecen las garantías requeridas e imponen restricciones importantes a los que no las cumplen.
Naturalmente, esto también se aplica a la Ciudad del Vaticano y a las instituciones de la Iglesia que llevan a cabo actividades económicas y financieras.
La nueva normativa obedece, por lo tanto, a la exigencia de conservar el eficaz funcionamiento de de los organismos que operan en el marco económico y financiero para el servicio de la Iglesia Católica en el mundo, y –todavía más- a la necesidad moral de la «transparencia, honestidad y responsabilidad» que hay que observar siempre en el ámbito social y económico (Caritas in Veritate 36).
La aplicación de las nuevas normas requerirá sin duda un gran esfuerzo. Hay que poner en marcha la nueva Autoridad de Información Financiera. Hay nuevas obligaciones que respetar. Nuevas competencias que ejercer. Todo ello beneficiará a la Iglesia. Los organismos del Vaticano serán menos vulnerables al riesgo constante que, inevitablemente, se corre cuando se maneja dinero.
Se evitarán en futuro aquellos errores que tan fácilmente se convierten en motivo de «escándalo» para la opinión pública y para los fieles. En resumen, la Iglesia será más «creíble» ante la comunidad internacional y sus miembros. Y esto es vital para su misión evangélica. Hoy, 30 de diciembre de 2010, el Papa ha firmado un documento inusual para él pero de gran valor y gran significado moral y espiritual. ¡Es una buena forma de acabar este año, con un paso concreto en la dirección de la transparencia y la credibilidad!