“La Iglesia está convencida de que es necesaria y urgente una justa política migratoria que, por un lado, garantice un ordenado, responsable y regulado libre tránsito de personas, y que vele por los intereses legítimos de nuestra nación”, lo afirman los Obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), en un mensaje titulado “Dignidad de los migrantes”, publicado el 23 de julio y dirigido a los Obispos, presbíteros y diáconos, a los agentes de pastoral de Movilidad Humana, y al pueblo de Dios.
Preocupación por la falta de acogida con los migrantes
En el mensaje, los Responsables de la Pastoral de Movilidad Humana de la CEM señalan que, “hemos externado nuestra preocupación por la falta de acogida verdaderamente humanitaria a nuestros hermanos migrantes, que refleje nuestras convicciones en materia de reconocimiento y protección de los derechos de todos los seres humanos por igual”. Tristemente constatamos que esta dignidad como personas e hijos de Dios está siendo vulnerada, denuncian los Obispos, pues ha sido “cambiada por un plato de lentejas”. “México – precisan los Prelados – sin una política migratoria efectiva se ha sometido a los criterios e imposiciones del gobierno norteamericano aceptando la incoherencia de unir negocios con el derecho y la necesidad de migrar, buscando la oportunidad de una vida mejor”.
La dignidad humana está por encima de cualquier negociación
Los Obispos de México recuerdan en su mensaje las palabras del Papa Francisco sobre las actitudes concretas para con los migrantes: acoger, proteger, promover e integrar. En este sentido, los Pastores señalan que, “los muros no solo se construyen con piedras y ladrillos sino también con actitudes negativas como el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional en nuestras fronteras como una solución fallida para frenar la migración; un muro no atiende a la raíz y a las verdaderas causas del fenómeno migratorio”. El combate a la pobreza y a la desigualdad en México y en Centroamérica, se lee en la nota, pareciera quedar sustituido por el temor ante el otro, que es nuestro hermano. “La dignidad y la soberanía de nuestra nación, así como la dignidad y los derechos humanos de los migrantes – precisan los Obispos – están muy por encima de cualquier negociación, la Iglesia y la sociedad civil han defendido siempre la ‘no criminalización de las personas migrantes y de los defensores de derechos humanos’ que luchan a favor de la dignidad, a contracorriente y con riesgos importantes para su propia seguridad e incluso su vida”.
Es necesaria y urgente una justa política migratoria
La Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana señala que, “la migración interna y externa tiene como principio el hambre, la pobreza, la violencia, y la falta de oportunidades que reclama la creación de fuentes de empleo y reconstrucción del tejido social”. Por ello, la Iglesia está convencida de que es necesaria y urgente una justa política migratoria que, por un lado, garantice un ordenado, responsable y regulado libre tránsito de personas, y que vele por los intereses legítimos de nuestra nación. Mientras tanto, miles de migrantes están esperando cruzar a los Estados Unidos huyendo de la violencia y la miseria en sus países de origen. Otros tantos son detenidos y son deportados a México, ahora más bajo el programa unilateral americano “Quédate en México”, bajo el cual miles de centroamericanos, esperaran una resolución de su situación migratoria, colocándoles un brazalete electrónico y restringiéndoles su movimiento a un lugar específico.
Actos de hostigamiento que obstaculizan las labores de asistencia
Asimismo, los Obispos Mexicanos señalan que, las casas, centros de derechos humanos y personas laicas están respondiendo con humanidad, como es el mandato del Papa, y por ello, han sido objeto de actos de hostigamiento, criminalización y obstaculización de las labores de asistencia, protección y defensa de derechos humanos de estas poblaciones. Como muestra, los casos más recientes son los ocurridos en el Centro de Atención al Migrante Exodus, en Agua Prieta, Sonora, con la Guardia Nacional; Casa del Migrante de Saltillo con la Policía Federal; DHIA y Uno de Siete Migrando en Ciudad Juárez y Chihuahua, respectivamente, con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Fuente: Vatican News
