Las entidades católicas de trabajo por la paz y el desarrollo han estado esforzándose durante años en Colombia en una plataforma conjunta llamada Grupo de Trabajo por Colombia, a la que pertenecen 10 organizaciones de la Red Cáritas de Europa y Norteamérica (incluyendo Cáritas Española) y la alianza Cidse (www.cidse.org), que integra asociaciones católicas de desarrollo internacional (por ejemplo, Manos Unidas).
Esta plataforma del Grupo de Trabajo por Colombia ha publicado ahora un comunicado conjunto ante la firma de los Acuerdos de Paz de Colombia del 26 de septiembre en Cartagena de Indias. Estas entidades católicas animan al Gobierno a dar pasos para tratar con otros «actores armados» y piden que se produzcan reparaciones para las víctimas.
Este es el texto íntegro del comunicado.
SALUDAMOS LOS ESFUERZOS DE COLOMBIA EN SU BÚSQUEDA DE UNA PAZ PERMANENTE Y DURADERA
GTC – Grupo de Trabajo por Colombia y CIDSE Alianza internacional de organizaciones de desarrollo católicas, celebran el acuerdo que pone fin a la confrontación armada entre el Gobierno de Colombia y la insurgencia de las FARC-EP. Este es un paso fundamental hacia la construcción de una paz duradera, que requerirá el compromiso firme del gobierno y la participación plena y atenta de la sociedad civil.
El 26 de septiembre de 2016 es un día histórico para Colombia y un día para la esperanza. Con la firma de los Acuerdos de Paz, dos de las partes enfrentadas en la guerra más antigua del continente, se comprometen a cerrar un largo período de violencia, que ha generado una profunda crisis humanitaria (7 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 265.000 muertos, más de 46.000 desaparecidos y 27.000 secuestrados).
El Grupo de Trabajo por Colombia – GTC, integrado por 10 organizaciones Cáritas de la Iglesia Católica en Europa y Norte América y la alianza CIDSE de 18 organizaciones de desarrollo católicas europeas y norteamericanas, saludan los esfuerzos realizados para superar las violencias que históricamente han afectado a la sociedad colombiana, especialmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad como niños, niñas, mujeres, minorías étnicas, campesinado, que habitan zonas rurales y fronterizas, así como a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
Para avanzar en la búsqueda de una paz permanente y duradera será necesaria una política de Estado que garantice la no repetición de los fenómenos económicos, sociales y políticos que generan las violencias armadas y no armadas en los territorios. Esta política debe velar por el respeto a los derechos humanos y buscar soluciones para evitar nuevas expresiones de crimen organizado y conflictos por el uso de la tierra.
Llamamos la atención en este sentido sobre los conflictos generados por la falta de consulta previa a las comunidades y diálogo social ante los proyectos minero-energéticos promovidos por el gobierno y operados a menudo por empresas multinacionales.
A su vez, la comunidad internacional debe garantizar el respeto a los Derechos Humanos en el desempeño de sus empresas en Colombia, mediante una regulación que evite la repetición de las violencias y los conflictos socio-ambientales.
La debida reparación integral a las víctimas es, además, vital para avanzar hacia una reconciliación sostenible en el marco de una justicia transicional efectiva, que contribuya además a la reconstrucción saludable de la memoria histórica.
También es fundamental la participación de la sociedad civil y las regiones en los procesos de desarme, refrendación y verificación de los acuerdos, en la formulación de normas y políticas públicas para materializarlos en lo local y nacional, así como en la veeduría social sobre su cumplimiento.
En este marco, el plebiscito por la paz del próximo 2 de octubre será clave para que el proceso de Paz se consolide. Nuestras organizaciones aspiran a que la sociedad colombiana participe de forma libre, consciente e informada en la refrendación de los Acuerdos para que la paz sea una realidad.
Esperamos que el Gobierno colombiano avance en la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros actores armados como el Ejército Popular de Liberación (EPL), buscando soluciones para que desaparezcan totalmente los grupos paramilitares.
GTC y CIDSE han acompañado de manera cercana a las víctimas a lo largo de este doloroso y largo camino de poner el fin al conflicto armado, y se siguen comprometiendo a apoyar procesos de construcción de la paz y defensa de los derechos humanos para que las atrocidades del pasado no se repitan, que la reconciliación sea una realidad en Colombia y que se restaure la dignidad humana de todas las personas involucradas en el conflicto.
Fuente: Religión en Libertad
