Marco Guerra – Ciudad del Vaticano
Una cultura de la legalidad y de lucha contra la corrupción, pasando por el control de los gastos y la atención a los pobres. El Santo Padre se detuvo esta mañana a considerar estos temas durante su encuentro en la Ciudad del Vaticano con los jueces y el personal administrativo del Tribunal de Cuentas del Estado italiano. Francisco indicó los objetivos de un servicio “orientado según la justicia hacia el bien común” y en defensa de “los derechos humanos naturales, cuyo reconocimiento es una condición para la existencia del estado de derecho”.
Visión humanista de la profesión
El Papa señaló asimismo que el magistrado debe combinar el rigor con una visión humanista de su profesión:
El control estricto de los gastos frena la tentación, recurrente en quienes ocupan cargos políticos o administrativos, de gestionar los recursos sin prudencia, sino con fines de clientelismo y mero consentimiento electoral. “Hay que conceder un lugar preponderante a una sana política, capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas, que permitan superar presiones e inercias viciosas. Sin embargo, hay que agregar que los mejores mecanismos terminan sucumbiendo cuando faltan los grandes fines, los valores, una comprensión humanista y rica de sentido que otorguen a cada sociedad una orientación noble y generosa” (Carta encíclica Laudato si’, 181).
Lucha contra la corrupción
En esta perspectiva se sitúa la “lucha incesante contra la corrupción”:
Éste es uno de los flagelos más lacerantes del tejido social, porque lo perjudica gravemente tanto ética como económicamente: con la ilusión de ganancias rápidas y fáciles, en realidad empobrece a todos, privando de confianza, transparencia y fiabilidad a todo el sistema. La corrupción socava la dignidad de la persona y destruye todos los ideales buenos y bellos. La sociedad en su conjunto está llamada a comprometerse concretamente para contrastar el cáncer de la corrupción en sus diversas formas.
Trabajar para proteger a los más pobres
El deber de los administradores públicos, por tanto, es actuar “con transparencia y honradez”, favoreciendo la relación de confianza entre el ciudadano y las instituciones, “cuya desconexión es una de las manifestaciones más graves de la democracia”, para proteger, en particular, a los más débiles y pobres de la sociedad:
Los bienes comunes son recursos que deben ser protegidos en beneficio de todos, especialmente de los más pobres, y frente a su uso irresponsable el Estado está llamado a desempeñar una indispensable función de vigilancia, sancionando debidamente las conductas ilícitas.
Hacer crecer la cultura de la legalidad
En esta perspectiva, el Papa Francisco manifestó su deseo de que los magistrados del Tribunal de Cuentas siempre puedan “estar animados por la conciencia de prestar un servicio destinado a hacer crecer la cultura de la legalidad en la sociedad” sin resignarse “a los males que encontramos en nosotros y dentro de nosotros”:
Jesucristo nos insta a enfrentar el mal abiertamente y a ir a la raíz de los problemas. Nos enseña a pagar personalmente en esta lucha, no por la búsqueda de un heroísmo irrealista y de un protagonismo mal escondido, sino con la humilde tenacidad de quienes realizan su trabajo, a menudo escondido, resistiendo a las presiones que el mundo no deja de ejercer.
Fuente: Vatican News
