LIMA (ACI).- La parlamentaria Hilaria Supa presentó en Lima el pasado fin de semana el documental «La cicatriz de Paulina», que recoge testimonios de las víctimas del programa de esterilizaciones forzadas, implementado durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori en la década de 1990 en Perú, con el apoyo de diversas ONGs feministas y el financiamiento de Estados Unidos.
Según explica el director del filme, Manuel Legarda, su trabajo expone «las cicatrices dejadas en ellas (las víctimas) por políticas financiadas a través de organizaciones internacionales y cuyas consecuencias finales aún no han sido determinadas».
Legarda trata de justificar la complicidad de muchos grupos feministas en materia de las esterilizaciones forzadas, afirmando que «algunas organizaciones feministas en un principio creen en la iniciativa del presidente (Fujimori)», y la emprende contra la Iglesia al señalar que «dicho programa iba a contracorriente de las tendencias conservadoras principalmente de la jerarquía eclesiástica y permitiría el acceso de todas las mujeres a los diferentes métodos anticonceptivos«.
De acuerdo al Population Research Institute (PRI), importantes grupos feministas «celebraron la modificación a la Ley Nacional de Población en Octubre de 1995 para incluir la esterilización como método de Planificación Familiar y recibieron muchísimo dinero de USAID precisamente desde 1995 para sumarse al Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva en el gobierno de Fujimori».
Uno de estos grupos feministas que participaron en la política de esterilizaciones del régimen fujimorista habría sido Manuela Ramos.
Según revela el PRI, «Manuela Ramos recibió 25 millones de dólares de USAID en un solo proyecto llamado Reprosalud entre 1995 y 2000 para ´aumentar la utilización de métodos de planificación familiar y otros servicios seleccionados de salud reproductiva en las áreas objetivo (varías provincias del interior del Perú)’»
Por su parte, Maruja Barrig, importante feminista peruana, en su libro «Persistencia de la Memoria. Feminismo y estado en el Perú de los 90» reconoció las escasas y tardías denuncias de los grupos feministas sobre los casos de esterilizaciones forzadas, con respecto a las presentados por la Iglesia Católica.
«La centralidad de la Iglesia Católica no sólo en el debate sino también en la acción se evidencia en el aún inédito reporte de la Defensoría del Pueblo respecto al AQV: de los 80 casos ingresados ‘de parte’, es decir cuando la denuncia la efectúa el o la agraviada, los familiares o una institución, 35 de ellos fueron ingresados por representantes de la Iglesia Católica y sólo ocho por ONGs de mujeres», manifestó Barrig en su estudio, publicado en 2002.
Tema electoral
Durante las pasadas elecciones generales en Perú, en las que resultó elegido como Presidente de la República Ollanta Humala Tasso, diversos grupos feministas usaron el tema de las esterilizaciones forzadas en contra de la candidata Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori, omitiendo mencionar la adhesión de muchas de estas ONGs a esa política gubernamental.
Las feministas apoyaron la candidatura de Humala Tasso porque este llevó dentro de su plancha congresal y en su equipo de asesores a diversas figuras de izquierda y que favorecen al aborto, la anticoncepción y los llamados «derechos» reproductivos.
Puede ver el trailer del documental en http://www.youtube.com/watch?v=HUzVI_wmV0M